Ley de Dependencia

Los Servicios Sociales Comunitarios elaborarán, a la vista de la documentación aportada y tras la valoración de la situación social, familiar y del entorno por la persona en situación de dependencia, un Informe Social. Emitido este informe se realizará con la participación de la persona interesada y sus familiares una Propuesta de Programa Individual de Atención que deberá ser remitida a la Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, que emitirá la Resolución correspondiente.

La propuesta del Programa Individual de Atención tendrá el siguiente contenido:

1. Datos identificativos y bancarios de la persona en situación de dependencia.
2. Circunstancias personales y familiares.
3. Objetivos.
4. Propuesta de modalidad de intervención, con indicación de lo siguiente:
   • Servicio o servicios propuestos, con indicación de las condiciones específicas de la prestación de éste (centro, intensidad, periodos, etc).
   • En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, propuesta de prestación económica vinculada al servicio.
   • Excepcionalmente, propuesta de prestación económica para cuidados familiares, cuando la persona beneficiaria esté siendo atendida en su entorno familiar y se reúnan las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda.
   • En su caso, prestación económica de asistencia personal, con indicación de las condiciones específicas de acceso a dicha prestación.

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, previas las comprobaciones que procedan, dictará resolución por al que se aprueba el Programa Individual de Atención a la Dependencia

La resolución de reconocimiento del derecho a la prestación puede ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Es competente para resolver el recurso la persona titular de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó la resolución o ante el competente para resolverlo.

No, la presentación del recurso no suspenderá el procedimiento para hacer efectivos los servicios y/o prestaciones económicas reconocidos, salvo petición expresa de las personas interesadas o, en su caso, de quien ostente su representación.

No, la presentación del recurso no suspenderá el procedimiento para hacer efectivos los servicios y/o prestaciones económicas reconocidos, salvo petición expresa de las personas interesadas o, en su caso, de quien ostente su representación.

El empeoramiento de la situación de dependencia, que comporte una resolución de modificación de grado y nivel de dependencia de la persona, supondrá la modificación del Programa Individual de Atención mediante su revisión y, en consecuencia, la modificación de las prestaciones económicas y/o servicios que se disfrutan, a fin de ser adecuados a la nueva situación personal.

1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales.

2. El programa individual de atención será revisado:

1. A instancia del interesado y de sus representantes legales.
2. De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas.
3. Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma

Se revisará por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:

• A instancia de la persona interesada o de sus representantes.
• A instancia de los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes.
• De oficio cuando las circunstancias lo aconsejen y, en cualquier caso, cada tres años.

El Programa Individual de Atención aprobado en la Comunidad Autónoma de origen será revisado como consecuencia del traslado de la persona beneficiaria de forma permanente a la Comunidad Autónoma de Madrid.

Las prestaciones reconocidas podrán ser modificadas o extinguidas, en función de la situación personal de la persona beneficiaria, en los siguientes casos:

1. Cuando se produzca una variación en cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento.
2. Por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El procedimiento de revisión se iniciará a instancia de la persona en situación de dependencia o a la de su representante, mediante un escrito solicitando la revisión de la prestación de dependencia que le haya sido reconocida. La solicitud de revisión deberá estar debidamente motivada y expresar las circunstancias que fundamenten la variación. A la misma se acompañarán los documentos acreditativos que estime conveniente.

La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se realizará progresiva y gradualmente de acuerdo al siguiente calendario (Disposición Final Primera de la Ley 39/2006):

• 2007, personas valoradas en el Grado III, niveles 2 y 1.
• 2008-2009, personas valoradas en el Grado II, nivel 2.
• 2009-2010, personas valoradas en el Grado II, nivel 1.
• 2011-2012, personas valoradas en el Grado I, nivel 2.
• 2013-2014, personas valoradas en el Grado I, nivel 1.

La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).