El último Consejo de Ministros del año aprobará la propuesta del Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez para cambiar el Sistema Especial para empleados del hogar, que ha sido consensuada en el Pacto de Toledo. En este marco siguen las negociaciones sobre jubilaciones anticipadas y parciales y el Gobierno prevé también acordar en él una propuesta sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero no está en la agenda que estas reformas lleguen en próximas fechas al Consejo de Ministros. El Ejecutivo sostiene que va a seguir peleando por el consenso.

El Gobierno cambia el régimen especial que aprobó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «para agilizarlo y aumentar la protección»

Lo que sí verá mañana la luz en la reunión será la modificación de la Ley 27/2011, que aprobó el Gobierno socialista, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social (SS) para proceder a la regularización de las empleadas del hogar incluidas en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. Entró en vigor hace seis meses y el Gobierno ha decidido introducir cambios en él después de hacer balance de sus efectos.

Con el régimen jurídico actual, el titular del hogar familiar es el sujeto obligado a presentar las solicitudes y comunicaciones de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los empleados de hogar. Una obligación que ha generado dificultades y reticencias, especialmente en el caso de las empleadas del hogar que prestan sus servicios durante un escaso número de horas semanales. Este supuesto afecta a un gran número de familias, y además hay también muchos hogares en los que los empleadores son personas mayores o con dificultades de movilidad y para hacer gestiones burocráticas. Con la modificación que hoy aprueba el Consejo de Ministros, se traslada la responsabilidad de dichas obligaciones a los propios trabajadores, cuando así lo acuerden ambas partes. Esta propuesta afecta únicamente a las empleadas de hogar que presten sus servicios durante un tiempo inferior a las 60 horas mensuales por empleador. Mientras que los empleadores quedarían obligados a entregar a los trabajadores, en el momento de abonarles su retribución, la parte de cuota que corresponda a la aportación empresarial. De no hacerlo así, si al trabajador no se le abona la cotización correspondiente, el empleador será responsable subsidiario de la cotización empresarial y sólo quedará eximido si prueba que sí abonó a su trabajador la aportación empresarial para su correspondiente aportación a la Seguridad Social.

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Por tanto, la reforma flexibiliza el sistema especial creado con el PSOE al permitir la realización de los trámites por parte del empleado o del empleador. El Gobierno sostiene que así se elimina uno de los obstáculos que se aducen para la regularización de las empleadas del hogar.

El Gobierno también cree que ésta es una relación laboral de carácter especial, y que, por tanto, no se puede equiparar al cabeza de familia con un empresario en sentido estricto, imponiéndole cargas indirectas y trabajos burocráticos que en último término le suponen un coste.

La reforma que hoy aprueba el Consejo de Ministros supone también una reducción de tramos en la escala por la que se determinan las bases de cotización en el Sistema Especial. El objetivo es simplificar las relaciones con la Seguridad Social y evitar la aplicación de bases excesivamente reducidas, que inciden de forma negativa en lo que le toca percibir a los trabajadores incluidos en este sistema.

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