Más de 163.000 afiliados se han dado de baja de la Seguridad Social tras el decreto que eliminó en 2012 su financiación estatal y les obligaba a asumir las cuotas

El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes se ha dado de baja de la Seguridad Social desde que gobierna Mariano Rajoy (PP). En noviembre de 2016, último mes del que hay datos, menos de 10.000 cotizaban frente a los más de 170.000 que había en diciembre de 2011, cuando el presidente fue investido por primera vez. La causa de un descenso tan acusado es el decreto ley de julio de 2012 mediante el cual el Ejecutivo trasladó la obligación del pago de las cuotas de este tipo de cuidadores, que hasta entonces asumía el Estado.

Noviembre de 2012 marcó un antes y un después para la Ley de Dependencia, implantada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Los cuidadores no profesionales de dependientes —en su mayoría familiares y mujeres de mediana edad— dadas de alta en la Seguridad Social pasaron a ser 25.350 cuando el mes anterior había 171.713 cotizando, según refleja la respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado Miguel Ángel Heredia (PSOE). En noviembre de 2016 quedaban 9.816.

163.608 AFILIADOS DE BAJA DESDE 2011 EN LA SEGURIDAD SOCIAL

  • En España había 173.424 cuidadores no profesionales afiliados a la Seguridad Social cuando Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno en diciembre de 2011. En noviembre de 2016 eran tan solo 9.816.
  • Andalucía fue la región donde hubo más bajas de cuidadores que cotizaban (de 54.300 se pasó a 1.969). Le sigue Cataluña con 25.623 bajas.
  • El mayor descenso porcentual se produjo en Ceuta (99,5%) y Melilla (99,4%). En cada ciudad quedaban dos afiliados a la Seguridad Social a finales del año pasado.
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El impacto del decreto y la eliminación de la financiación estatal de las aportaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales es similar en toda España: el porcentaje de afectados que se dieron de baja no dejó grandes diferencias: tan solo en dos autonomías fue inferior al 90% (87,7% en el caso de Galicia y del 89,9% en Navarra). Otra derivada fue la reducción, en un promedio del 15%, de las prestaciones económicas por cuidados familiares.

El Gobierno sostiene que el decreto ley sirvió para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. El Ministerio de Sanidad argumenta en una respuesta por escrito que una de las medidas encaminadas a lograr “una mejora” del sistema fue la modificación relativa al pago de las cuotas de la Seguridad Social y la formación profesional asociadas a los convenios especiales suscritos por los cuidadores no profesionales. De esta forma, la entrada en vigor del decreto hizo que los cuidadores tuvieran que optar por mantener el convenio suscrito o causar baja en el mismo. La suscripción del convenio era voluntaria para los interesados.

Heredia no comparte las explicaciones del Gobierno. “Dentro de la Ley de Dependencia planteamos que se diera una cotización a la Seguridad Social a los cuidadores familiares”, expone el secretario general del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso. La tipología era, en el 93% de los casos, una mujer de 52 años y escasos recursos económicos que en la mayoría de casos no había cotizado nunca o había dejado de trabajar para cuidar, por lo general, de sus padres. “Cuando llegaran a la edad de jubilarse no iban a tener derecho a una pensión, de ahí que planteásemos esa cotización a la Seguridad Social para que tuviesen una pensión digna. Entraba dentro del desarrollo de la Ley de Dependencia”, refiere Heredia. El PSOE ha planteado una iniciativa en el Parlamento que incluye la incorporación “con carácter inmediato” al régimen general de la Seguridad Social de los cuidadores familiares de dependientes.

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José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, destaca que la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi mil millones de euros. El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia tras la aplicación del decreto de 2012 supera los 3.500 millones.

fuente: elpais.es

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