Obtiene 11,5 puntos de los 12 posibles / Hasta el momento la cifra máxima que se podía obtener era de diez, precisamente la que tenía Castilla y León

Castilla y León continúa siendo la Comunidad de España mejor valorada por la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, en su IX Dictamen, puntúa a la autonomía con un 9,6 sobre 10, seguida muy de lejos por el País Vasco, 7,9, y con un sobresaliente frente al suspenso del 4,91 de la media nacional. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, se felicitó por este buen resultado y recalcó que Castilla y León se sitúa “una vez más” en el primer nivel de atención a dependientes e incrementa su puntuación.

 Al respecto, Marcos explicó que en esta ocasión se han modificado dos criterios y se han eliminado dos variables respecto al último informe, en el que la Comunidad obtuvo diez puntos sobre 12 posibles, y recalcó que aplicando la anterior escala de valoración, en estos momentos, la Comunidad habría obtenido 11,5 puntos. La Comunidad se sitúa a la cabeza en la atención a la dependencia “gracias al compromiso expreso de la Junta en la atención a las necesidades de las personas”, dijo. Además, insistió en que es “un orgullo” el contar en la Comunidad con grandes profesionales.

El Observatorio otorga la máxima puntuación a la Comunidad en las diez variables analizadas, excepto en el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, donde pierde medio punto. El informe apoya su sobresaliente a la Comunidad en que en Castilla y León, el 94,29 por ciento de las personas dependientes con derecho a prestación ya la recibe. Esta cifra supone que la Comunidad está 20,5 puntos por encima de la media nacional (73,74 por ciento), situándose a la cabeza de España en concesión de prestaciones. Eso quiere decir que sólo hay un 5,71 por ciento de personas que pese a tener reconocido su derecho a la prestación aún esperan para recibirla por estar en fase de tramitación, frente al 26,26 por ciento que registra la media de España.

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A 1 de junio de 2012, un total de 61.839 castellanos y leoneses tenían ya reconocidas 77.778 prestaciones, ya que una persona puede disfrutar de varias prestaciones a la vez. En la Comunidad, la atención a las personas dependientes se presta prioritariamente a través de servicios, tal y como marca la Ley de Dependencia.

El informe valora también que en Castilla y León se produjo un aumento del 22,06 por ciento de las personas atendidas en los últimos 12 meses, el mayor crecimiento en España, seguida de Galicia, 19,69, y frente a una media en el conjunto de las autonomías del 5,94 por ciento. Castilla y León elevó además, entre el 1 de julio de 2011, y junio de este año, un 2,05 por ciento los expedientes activos de personas con Grado III, cuando en España mermaron un 5,69 por ciento. El esfuerzo por habitante y año en estas prestaciones se situó en Castilla y León en los 168,89 euros, por encima de los 124,38 de la media nacional.

El documento hecho público hoy constata que el porcentaje de beneficiarios de estas prestaciones sobre el total de población se sitúa en la Comunidad, en el 2,42 por ciento, sólo superada por Cantabria, 2,48 por ciento, y muy por encima del 1,6 por ciento de la media nacional. Asimismo, el número de solicitudes sobre población es del 3,92 por ciento, frente al 3,4 por ciento de la media en España. Los dictámenes sobre población alcanzan en la Comunidad el 3,67 por ciento, cuando en el conjunto de las autonomías representan el 3,2 por ciento.

Por último, el Observatorio en relación al equilibrio entre prestaciones económicas y los servicios, señala que la Comunidad se sitúa por debajo de la media nacional, con un 41,2 por ciento (porcentaje de apoyo económico), frente a un 56,4 por ciento en España, con un porcentaje inferior sólo registrado por Madrid (25,3 por ciento), que es la única que recibe la máxima puntuación. La Junta que contabiliza estos datos con otros criterios, señala que los servicios representan el 67,23 por ciento del total de las prestaciones, mientras que la media de España está en el 54,84 por ciento.

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Modificar el modelo

Marcos mostró su “orgullo” de pertenecer a un Gobierno que está comprometido con las personas, si bien incidió en la necesidad de que se modifique el sistema de financiación de la Ley de la Dependencia porque la situación es “crítica” y es necesario tomar de manera urgente medidas “serias” que garanticen el poder atender a estos colectivos. La consejera señaló que la atención a las personas dependientes es “necesaria”, ya que son muchas las personas que requieren atención y, por tanto, “debemos introducir los mecanismos necesarios para hacerla sostenible y garantizar su viabilidad”.

Para Milagros Marcos, la Ley será sostenible siempre que se gestione bien, y se introduzcan medidas urgentes que prioricen y garanticen “lo realmente necesario”. Para ello, Milagros Marcos apuesta por “atender a las personas que más lo necesiten”, los más dependientes, y por primar los servicios profesionales, frente a las prestaciones económicas para atención familiar, “porque son los servicios los que verdaderamente generan empleo y ofrecen atención de calidad.

Nuevos criterios

El Observatorio de la Dependencia ha modificado en esta ocasión los criterios de valoración y reduce de 12 a 10 el número de variables. Ya no puntúa, como hacía hasta el momento, si las comunidades tienen o no aprobada una Ley de Servicios Sociales, entre otros aspectos, y en su lugar introduce dos nuevos conceptos: Tasa de reposición de nuevos dependientes al sistema desde que se emitió el anterior dictamen y tasa de reposición de grandes dependientes. Si el Observatorio hubiese mantenido la misma fórmula de puntuación, Castilla y León hubiera obtenido una nota de 11,5, reiteró la consejera. Y es que atendiendo a los criterios anteriores, la Comunidad habría recibido la máxima puntuación (1) en once variables, y sólo perdería medio punto en la referida al equilibrio entre prestaciones y servicios.

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Desde la Consejería recalcaron que Castilla y León “ha sido reconocida por los expertos como la única comunidad autónoma que sigue aplicando la Ley de Dependencia, a pesar de la complicada situación económica por la que atraviesa el país, gracias al esfuerzo presupuestario realizado por la Junta en los últimos años, y la actual priorización de las políticas sociales”.

Además de este esfuerzo presupuestario, para seguir garantizando esta atención, la Junta de Castilla y León ha introducido en los últimos meses criterios de gestión, como la unificación en los procesos de valoración, la solicitud única o la firma electrónica, que le ha permitido ahorros en la tramitación; “unos ahorros que se han reinvertido para continuar concediendo prestaciones”.

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