A falta de solo tres semanas para cumplir la fecha límite, muchas familias que disponen de empleadas del hogar siguen sin adaptarse al nuevo régimen especial.

El proceso de regularización de las empleadas de hogar tiene visos de atasco generalizado. El trámite, que implica el paso de miles de profesionales del servicio doméstico a un nuevo régimen especial de la Seguridad Social finaliza su plazo legal el próximo 30 de junio, y todavía son muchos los que no han dado el paso.Con esta medida, el Gobierno central no solo aspira a mejorar las condiciones de este enorme y silencioso colectivo, sino que recaudará una importante cantidad de dinero que desde el Ministerio no han precisado, a la espera del grado de cumplimiento de la normativa.Pero además del previsible embudo que se producirá dentro de tres semanas, la administración se enfrenta al reto de regularizar a las miles de personas que desempeñan estas labores al margen de la ley.

Y el reto no es menor. La mayoría de estos trabajadores no tienen intención alguna de cambiar su situación actual. Porque a pocos se le escapa que la consecuencia más inmediata de esta medida será la rebaja del precio por hora que se paga por este tipo de servicio, ya que el empleador se hace cargo del 18% de la Seguridad Social.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos se mantiene firme en la aplicación de este proceso de regularización para evitar “situaciones de desprotección indeseables”

En este sentido, Burgos advirtió este lunes de que los trabajadores que presten sus servicios para un único empleador serán regulados “de oficio” y la base de cotización que se les aplicará será la del tramo superior. Pero los que trabajen de manera parcial o discontinua para varios empleadores serán dados de baja el 1 de julio del Régimen Especial del Hogar, con lo que perderán su protección.

Para Burgos el ritmo con el que se está produciendo el trasvase de afiliados no puede calificarse de fracaso, y ha relacionado la lentitud del trámite con las “resistencias importantes” que se están detectando no solo por parte de los empleadores, sino también de los empleados, que, según Burgos, entienden que no les satisface el nuevo régimen y no les resulta interesante para su protección.

Lo que el secretario de Estado ha desmentido tajantemente es que se vaya a ampliar el plazo, como así habían solicitado algunos sindicatos y colectivos, ya que “no se resuelven los problemas aumentándolo” y ha asegurado que no sería posible una modificación legal en ese sentido.

Por su parte, todos los agentes sociales y laborales coinciden en que se trata de una reforma “necesaria”, aunque todavía queden pendientes aspectos como el derecho a prestaciones por desempleo, que se afrontará seguramente a final de este 2012.

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