Afortunadamente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y la Coordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de LAPAD, siguen luchando por el cumplimiento de la misma, y han presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de diciembre de 2013 “250.000 firmas” exigiendo que se cumpla la Ley, atendiendo los derechos de más de un millón de personas en situación de dependencia y sus familiares.
Una Ley que Mariano Rajoy calificó de insostenible cuando todavía era candidato a la presidencia. En coherencia con esta descalificación, aunque no se ha atrevido a dar el paso definitivo de derogarla, lo está haciendo de manera encubierta a través de diversas reformas que han impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia, impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo; reformas que han fomentando la desatención y parálisis por la vía de estrangular la financiación y abandonando a los cuidadores familiares (97% mujeres). Así, según la información facilitada por el propio Ministerio, se han reducido las cuantías de 400.000 prestaciones económicas, 170.000 cuidadoras familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social, se infrafinancia a las Comunidades Autónomas –supresión del nivel conveniado y reducción del 13% del mínimo-, se dilatan los plazos hasta la desesperación –dos años y medio-, la burocracia invade el sistema y hay más de doscientas mil personas sin atender por el sistema, aun cuando tienen reconocido el derecho a ser atendidas.
