La Ley de Dependencia llegó a España en el año 2006. El 30 de noviembre, el Congreso de los Diputados la aprobó de forma definitiva. Hoy en día, siete años más tarde, es una ley que ha quedado en ‘stand-by’. Principalmente por su financiación, ya que no quedó claro del todo quién debía encargarse de ella, si el Estado Central o las Comunidades Autónomas. Mientras tanto, los afectados son los de siempre: los dependientes, en este caso.

Esta ley, sin embargo, se topó con un invitado inesperado: la crisis económica. A pesar de ello, se incrementó el presupuesto de los 400 millones iniciales hasta los más de 2.000 millones de euros del año 2009 y 2010. Sin embargo, las presiones de Bruselas para cumplir con el objetivo de déficit hicieron revertir la situación: menos dinero dedicado a la dependencia en España.

La llegada del Partido Popular al poder profundizó las primeras medidas del Gobierno de Zapatero- retrasar la entrada en vigor de los nuevos beneficiarios-. Rajoy recortó cerca de 300 millones de euros en los primeros presupuestos, con una ley que quedó prácticamente ejecutada en julio de 2012, con un real decreto que eliminó un 13% más las prestaciones a dependientes y que afectó de forma especial al otro engranaje de esta norma: los cuidadores sociales.

No ejecutados, pero sí sentenciados, quedaron en ese momento miles de dependientes en nuestro país.Este es el caso de Amparo, una madre de 51 años con cinco hijos, y con uno de ellos- Andrés Jesús- que tiene una discapacidad del 88%. “No llego a final de mes. No ponemos la calefacción, nos echamos mantas para entrar en calor y con todo ello, tengo que pagar un recibo de 200 euros de luz. Así es imposible vivir”, señala Amparo.

Amparo lleva sin trabajo más de cinco años y como agravante a la situación, el pasado mes de enero se le acabó una prestación especial de desempleo de 400 euros. “Tengo que hacer auténticos malabares para controlar el dinero. No es lo mismo una familia normal que una familia con un dependiente, para la que hay que comprar pañales, medicamentos, productos especiales. Es una locura”, matiza.

Esta familia- en la que además de Amparo y Andrés Jesús, está su hijo pequeño de 14 años- vive con 800 euros al mes: reciben 550 euros de la pensión especial de su hijo enfermo y 215 euros adicionales que provienen de la Ley de Dependencia, una cantidad que se ha recortadoconsiderablemente en los últimos años. De esa cantidad, más de 500 van destinados al alquiler del piso en el que viven.

“Estos últimos años nos han reducido esa cantidad de forma importante. Hemos llegado a cobrar 300 euros por la ayuda de la Ley de Dependencia, cuando ahora apenas superan los 200. Puede parecer una mísera cantidad para muchos, pero para una madre como yo, con dos hijos a su cargo, supone el poder tener a mis niños mucho más atendidos”, asegura Amparo.

LOS CUIDADORES SOCIALES, LOS OTROS GRANDES AFECTADOS

No sólo ha habido recortes económicos en esta ley, también los ha habido en pilares que mantienen un proyecto básico en este apartado del Estado del Bienestar: los cuidadores sociales. Desde diciembre del año pasado, el gobierno central decidió dejar de pagar la cotización a la Seguridad Social a estas personas, algo que provoca que muchos de ellos tengan dudas de si van a ser capaces de tener pensión en el futuro.

“Me encantaría tener un cuidador familiar en casa. Yo he hecho siempre esa función con mi hijo y antes, al menos, tenía la tranquilidad de que cotizaba a la Seguridad Social y eso tendría una repercusión positiva para mi familia. Ahora ya ni eso. Es un trabajo mucho más duro que cualquier otro: hay que estar pendiente de él las 24 horas, hay que ducharle a las tres de la madrugada, cambiarle el pañal. Cualquier ayuda es poca y la poca que tenemos, nos la quitan”, destaca Amparo.

A pesar de todas las dificultades habidas y por haber, no tira la toalla. “Pedí una ayuda para que viniera una asistencia social a casa pero desde el gobierno de Castilla- La Mancha me la negaron porque se hizo una ley que impide que pueda acceder a este servicio, ya que mi hijo recibe una cantidad por la Ley de Dependencia. Es algo que es inexplicable. No sé qué hacer”, cuenta visiblemente emocionada Amparo.

Sus otros tres hijos, que viven con sus respectivas parejas, le ayudan como pueden cada mes.Sin embargo, no le solucionada nada a largo plazo. Ellos también están parados. Algunos meses le pagan el alquiler del piso y otros el recibo de la luz.

La situación de Amparo es realmente insostenible. Los últimos días del mes son los más complicados y el aspecto alimenticio es el que más le preocupa de sus hijos, tanto de Jesús Andrés como el del pequeño, Raúl, de 14 años. “Cuando puedo ir al súper, intento aprovechar las ofertas de las grandes cadenas. Ponen productos al 50% de su precio normal con poco margen de caducidad y aprovecho para hacer la compra de esa semana de esa manera. Así me cunde más. Igual hay una semana en la que comemos lo mismo y está caducado de algunos días“, señala ésta afectada por la Ley de Dependencia.

El caso de Luis Heredero es similar. Tiene dos hijos autistas, ambos de 20 años. Debido a la limitación presupuestaria de la Ley de Dependencia tiene que pagar 600 euros mensuales más de su bolsillo para que Jaime y David puedan acudir al Servicio de Adultos en Comunidad ENCO- Aleph TEA.

“Este servicio pretende que los chicos estén desarrollados e integrados en la sociedad. Yo recibo de la Consejería de Asuntos Sociales unos 625 euros, de los cuales tengo que poner 300 euros más para que cada uno de mis dos hijos pueda tener una vida más normal”, matiza Luis.

Nos cuenta que “por suerte” tiene trabajo y que aunque la ayuda económica sea insuficiente, su situación laboral le permite poder dedicar el tiempo y el dinero que sus hijos necesitan. “Sí que sería importante que nos incluyeran en la ayuda que se destina al servicio de centro de día de la Ley, que ofrece hasta 1.200 euros mensuales. Nos dejaría un margen más amplio de maniobra”.

La situación es más fácil desde que se les reconoció a sus hijos como miembros del Programa Individual de Atención (PIA), que supone una prestación extra de 350 euros a las personas que atienden a esos familiares.

LAS LISTAS DE ESPERA NO AVANZAN

Amparo y Luis- y más concretamente Jaime, David y Andrés Jesús-forman parte de los 750.000 dependientes en España que están reconocidos. A ellos hay que sumarles los más de 120.000 que están en lista de espera.

José Luis Gómez-Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, señala que el problema radica en que “esas personas que están esperandotienen que hacerlo, por ley, hasta dos años y medio”. Esto, según Ocaña, “provoca que no se cumpla la tasa de reposición que exige la legislación, ya que muchos de los dependientes fallecen en esa espera”.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2014 prevén un recorte en esta partida del 47% respecto al ejercicio anterior. Todo ello, según explica Gómez Ocaña, se percibe “de forma importante en la implantación del copago en la asistencia a centros de día, en las ayudas a domicilio y el recorte de las plazas residenciales y de las prestaciones de los cuidadores familiares, que se reducen en un 15%”.

“No puede ser que se recorten las ayudas a domicilio a 26 horas mensuales, que se dejan en ‘stand by’ los casos de nuevos dependientes y que se dejan en cantidades irrisorias las ayudas a estos colectivos. Están colapsando el sistema”, apunta el portavoz de esta coordinadora.

Para Gómez- Ocaña, la ley de dependencia tuvo sus “fallos de financiación al principio de su aprobación pero ha supuesto para miles de personas a nivel de España el poder llevar de forma digna su vida diaria”. No tiene dudas de que el principal responsable de la situación crítica de esta legislación es el gobierno de Mariano Rajoy.

“El PP tenía claro que iba a eliminar esta ley. En julio de 2012 aprobaron un decreto ley encubierto que dejaba en evidencia las carencias del sistema y los PGE de 2014 confirman esa tendencia. Si las autonomías no reciben, recortan en dependencia y eso al final acaba repercutiendo en las familias que viven día a día los problemas de sus familiares”, señala Gómez- Ocaña.

El futuro no es nada esperanzador en este sentido. Por ello, desde la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia trabajan con los grupos de la oposición para que, en caso de producirse un cambio político en Moncloa, se tenga apalabrada la reforma sistemática de “una ley que ha caído en picado en los últimos años”.

Hemos hablado con UPyD, Partido Socialista e Izquierda Unida, y todos ellos se han mostrado favorables a realizar una reasignación de partidas presupuestarias a favor de la Ley de Dependencia en caso de que lleguen al Gobierno”, destaca Gómez Ocaña, con dos hijos totalmente dependientes a los que determinan los médicos un corto periodo de vida.

Fuente: que.es