Llamadas a los sindicatos y a las asociaciones profesionales, consultas en las gestorías y en las oficinas de la Seguridad Social, preguntas en las empresas de limpieza, búsquedas por internet. La entrada en vigor de la normativa que obliga a asegurar a las empleadas domésticas está generando un mar de dudas entre los empleadores y las propias empleadas.

La ley entró en vigor el 1 de enero y concede una moratoria de seis meses para su cumplimiento. A partir de entonces, cualquier persona que requiera los servicios de una empleada del hogar, aunque solo sea una hora a la semana, deberá darla de alta en la Seguridad Social y asumir las mismas responsabilidades que cualquier empresario. Con una diferencia: aquí no hay prevista ninguna deducción para los empleadores en la declaración de la renta.

Los sindicatos celebran los cambios porque suponen un mínimo reconocimiento y protección de las trabajadoras. Consideran que supone un gran avance, aunque reconocen que aún queda camino por recorrer, ya que, entre otras cosas, la nueva normativa todavía no concede a las empleadas del hogar el derecho a percibir la prestación por desempleo. Cristina Faciaben, secretaria de Socioeconomía de CCOO, también reconoce que habrá “dificultades” para que los particulares se conviertan en empresarios.

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