El sector de atención a la dependencia lucha por sobrevivir en un escenario marcado por la incertidumbre. Que el país se encuentra sumergido en una terrible crisis económica es una afirmación a la que, lamentablemente, nos estamos acostumbrando. Algo que, de ninguna manera, puede pasar con los reiterados retrasos en los pagos por parte de la Administración a los operadores del sector, una deuda que se suma a la reducción de los precios de concierto y a la eliminación de plazas.

En todo este entramado, los operadores se esfuerzan por mantener los puestos de trabajo y la prestación de un servicio de la máxima calidad. Pero, ¿hasta cuándo podrá soportar el sector privado esta situación? Queremos creer que, aunque el gran esfuerzo inversor que han realizado los operadores sociosanitarios no se ha visto recompensado, la Ley de Dependencia puede convertirse en una oportunidad. Y más vale que sea lo antes posible…

El presidente de la FED, Alberto Echevarría, asegura que si se siguen manteniendo las exigencias normativas actuales, para que una plaza sea viable y la empresa sostenible, el precio de concierto debe ser de 1.600 euros/mes de media sin IVA (53,33 euros aproximadamente al día).

“En 2010 y 2011, el precio medio de la plaza residencial concertada raspaba los 50 euros y, en estos momentos, está bastante por debajo. Hace años hablábamos de 1.800 euros al mes, pero ahora entendemos que con la crisis debemos contener el gasto y dar un servicio de calidad por 1.600 euros”, afirma. Por debajo de ese precio, asevera Echevarría, la calidad se resentiría “y no estamos dispuestos”.

Por su parte, la secretaria general de AESTE, Alicia Azaña, manifiesta que, teniendo en cuenta los estudios que han realizado Deloitte, PWC y Edad&Vida, el precio de concierto para que una plaza residencial sea viable oscila en torno a 70 euros por persona y día, aunque varía según el grado de dependencia y la comunidad autónoma. “Las empresas del sector han hecho fuertes inversiones, que no se han visto recompensadas porque la contracción del mercado privado y la reducción de las tarifas no cubren el coste real de los servicios que se prestan”, añade Azaña.

Mientras, el presidente de Lares Federación, José Ignacio Santaolalla, baraja una cuantía intermedia: “Es muy difícil dar una cifra única ya que depende de la estructura de costes de cada centro y hay varios factores que influyen, como el tamaño, ubicación, legislación autonómica, propiedad de las instalaciones y del suelo, convenio colectivo de aplicación, etc. Según nuestros estudios, en la mayor parte de las autonomías el coste de una plaza residencial en nuestros centros se sitúa entre los 60 y 65 euros diarios. Precios de concierto por debajo de estas cifras hacen insostenibles los centros”.

El problema es que el precio de concierto está continuamente cambiando. Las patronales asociadas a la FED que más están sufriendo son, según Echevarría, ARTECAM (Castilla-La Mancha), AMADE (Comunidad de Madrid) y FAAD (Andalucía).

Además, tal y como explica Azaña, las ratios de personal en las diferentes comunidades autónomas son también distintas e, incluso, a veces entre distintos conciertos de una misma comunidad autónoma, cuyas personas están en la misma residencia. “Imaginemos el dislate que supondría para un centro atender a personas con distintos ratios de atención según el concierto y no de acuerdo con sus necesidades reales”, lamenta.

Las comunidades autónomas que más preocupan a AESTE son Andalucía y Castilla-La Mancha, “porque los recortes oscilan entre el 12% y el 23%, lo que supone una auténtica involución. La Administración propone una drástica reducción de ratios, lo que conlleva no sólo una bajada extrema de la calidad de la atención que reciben las personas, sino también recortes de plantilla, lo que implica fractura social y aumentar las prestaciones de desempleo”.

En este sentido, Santaolalla también subraya que los precios que las Administraciones autonómicas pagan a los centros por atender a los mayores dependientes en plazas concertadas bajan, “pero no sucede lo mismo con las exigencias. Los centros Lares deben mantener intactas sus carteras de servicios y las ratios de personal que las comunidades autónomas han determinado como idóneas”.

El problema es, en opinión de Echevarría, que con estos precios de concierto “nuestras empresas no pueden garantizar la calidad de la atención. Nos estamos yendo a modelos de asilos y podremos mantener a los usuarios limpios y alimentados, pero sentados en una silla. Adiós a las terapias ocupacionales, a la animación sociocultural, la rehabilitación y menos aún servicio médico ni de enfermería. ¿Es eso lo que quiere la Administración?”.

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Si el descenso del precio de concierto de los servicios prestados fuera poco, el sector tiene que lidiar también con la eliminación de plazas. El presidente de la FED asegura que el mercado privado ya no se repone y hay familias que sacan a los mayores de la residencia. “Si a todo ello sumamos la amortización de las plazas de concierto por parte de la Administración, estamos llegando a una situación límite. Hoy en día hay empresas que, aunque les pagaran lo que les deben, son inviables y no van a poder reflotar”, afirma Echevarría.

Desde AESTE, Alicia Azaña también confirma que la reducción no sólo afecta a las tarifas, sino también al número y tipología de servicios.

¿Ahorro o recorte?

 El dinero que el Estado ha dejado de pagar a la Seguridad Social por los cuidadores informales y la rebaja del 15% en la prestación de esos cuidados, debería redundar en un incremento de los servicios profesionales. Pero las patronales del sector consideran que no es así.

 El presidente de la FED explica que, por ejemplo, la pérdida de horas de ayuda a domicilio casi se podría cifrar en un 50%. “Las comunidades autónomas dicen que mantienen a los usuarios e, incluso, alguna se atreve a decir que los ha aumentado. Pero resulta que las 40 horas que prestaba, ahora se han convertido en 20. Una comunidad puede mantener los usuarios, después de haber reducido la intensidad horaria en un 50%, lo que supone un 50% de pérdida de puestos de trabajo. Como es lógico, la calidad del servicio prestado también se resiente”. En cuanto a los centros de día, la situación también es caótica.

 AESTE tampoco está percibiendo un incremento de los servicios profesionales: “Los cuidadores familiares continúan siendo el 46% de las prestaciones en el Sistema de Dependencia”.

 En la misma línea, el presidente de Lares Federación asegura que prácticamente todas las comunidades autónomas están reduciendo las plazas concertadas y las horas de servicio de atención a domicilio. “La rebaja de la prestación económica y la supresión de la financiación de la Seguridad Social del cuidador ha sido simplemente un ahorro para las Administraciones Públicas; es decir, un recorte más. Además, mientras dure la crisis, el entorno familiar seguirá cuidando a sus mayores en casa, aunque haya bajado la prestación económica y aunque no se les pague la Seguridad Social del cuidador familiar”, indica Santaolalla.

Camas vacías

El presidente de la FED señala que, actualmente, el sector cuenta con entre 55.000 y 60.000 plazas vacías. “La demanda privada está cayendo en picado y hay familias que están sacando a los residentes porque no pueden soportar el coste. A esto hay que sumar la amortización de plazas de las comunidades autónomas que, aunque supone un ahorro para la Administración, para el sector se traduce en más plazas vacías que no se reponen”, declara.

Lares asegura también que otra fórmula utilizada por las Administraciones para llevar a cabo los recortes “de forma menos evidente” es no ocupar las plazas que tiene concertadas. Así, en Andalucía, la Consejería paga durante algunos meses el importe pactado en concepto de reserva de plaza sin que nadie la utilice. Y, en el caso de Aragón, los mayores son trasladados de los centros Lares a residencias públicas, sin tener en cuenta el desarraigo familiar y social. A esto hay que sumar, continúa Lares, las valoraciones a la baja de los niveles de dependencia, “generando un descuadre deficitario entre la dependencia reconocida y la atención requerida, que recae en los centros. La no reevaluación de los usuarios es otro problema que los centros Lares viven en toda España”.

 Sin embargo, en opinión de la secretaria general de AESTE, cuando en ocasiones se habla de cifras de plazas vacías, “buena parte de ellas no están renovando sus contratos con la Administración porque no son plazas que garanticen estándares de calidad adecuados. En AESTE, las plazas vacías, que revisamos anualmente en mayo y noviembre, apenas alcanzan los dos dígitos, y muchas de ellas son debidas a aperturas o dilación en los plazos de ocupación de plazas concertadas con la Administración. Esto último, es cada vez más frecuente y acentuado con la supresión de conciertos por parte de algunas comunidades autónomas”.

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 Asimismo, manifiesta que los familiares también tardan más en decidir los ingresos y, “en casos puntuales”, la crisis hace que los familiares tengan dificultades para afrontar el coste de la atención. Por ello, desde AESTE defienden la necesidad de dinamizar la prestación económica vinculada al servicio.

Reducción de la lista de espera

Medidas como premiar a las comunidades autónomas que apuesten por la prestación de servicios profesionales o el retraso hasta 2015 de los dependientes moderados al Sistema, tienen como objetivo reducir la lista de espera que, en julio de 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cifró en 300.000 dependientes.

 En este sentido, el presidente de la FED asegura que la lista efectivamente se está reduciendo, “porque los dependientes que están esperando a recibir atención, están falleciendo y no porque hayan pasado a recibir la prestación correspondiente. Las plazas que quedan libres en nuestros centros no se reponen y el Ministerio ha aprobado una moratoria de dos años para prestar la atención”.

 La secretaria general de AESTE añade que las estadísticas no parecen indicar que la lista de dependientes a la espera de recibir atención esté disminuyendo: “Del millón largo de personas con derecho a algún tipo de prestación, sólo hay 770.000 que la reciben”. De la misma opinión es el presidente de Lares.

Deuda de la Administración

La FED asegura que la Administración Pública tiene una deuda adquirida en 2012 con el sector de atención a la dependencia superior a los 800 millones de euros. “El Fondo de Liquidez Autonómica apenas ha solventado la deuda, quizá algo en Castilla-La Mancha. En 2011, el impago llegó a alcanzar los 1.300 millones de euros, que el Plan de Pago a Proveedores resolvió en parte”, afirma Echevarría.

 Por su parte, AESTE asegura que la deuda que tiene la Administración con los operadores de la patronal es difícil de cuantificar, “porque no disponemos de datos actualizados y porque es dispar. Algunos ayuntamientos no han abonado nada en todo 2012 del servicio de ayuda a domicilio y otras comunidades autónomas tampoco en plazas de concierto o acumulan dilaciones en pago que oscilan entre 6 y 10 meses, según el concierto o el modelo de gestión”.

 Subida del IVA

Para AESTE, la subida del IVA es un nuevo ataque a la viabilidad de las empresas, “ya que atender a una persona dependiente es tan de primera necesidad como el pan, la leche o los medicamentos; y estos tienen un IVA del 4%, independientemente de quién los compre (Administración o ciudadanos). No se puede hacer la distinción del componente fiscal (IVA) del servicio dependiendo en función de quién lo financia. El tipo de IVA ha de depender del servicio prestado y no del pagador”.

 Aunque la subida del IVA no repercute a los centros, Echevarría reconoce que “nos afecta de manera directa, ya que los usuarios tienen que asumir un encarecimiento de la plaza. Otro agravante es que la Administración Pública graba sus centros con un IVA al 4%, pero cuando estamos hablando de la plaza privada el usuario tiene que pagar un 10%”.

 La mayoría de los centros asociados a Lares están acogidos a la exención de IVA por ser entidades de carácter social. Esto significa que no repercuten IVA en las facturas a los residentes. “Pero la reiterada subida del IVA del tipo general y del tipo reducido hasta el 21% y el 10%, respectivamente, ha encarecido el coste de nuestras compras en, aproximadamente, un 4%. Teniendo en cuenta que los costes de personal, que es casi el único input que no es gravado con el IVA, suponen en torno al 65% del coste total, significa que el aumento de los tipos de IVA ha encarecido el coste del servicio en los centros sin ánimo de lucro en, aproximadamente, un 1,4%”, analiza Santaolalla.

Futuro de la Ley de Dependencia

A pesar de la crisis, la dependencia es el único sector que tiene oferta y demanda, que genera retornos positivos y crea puestos de trabajo.

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AESTE lo tiene claro: “Debemos apostar por una atención centrada en la persona. Los ciudadanos merecemos ser atendidos en condiciones de equidad, independientemente de la comunidad autónoma en la que residamos y de que las competencias en materia de Sanidad y Servicios Sociales estén transferidas, haya serias distorsiones y no se lleve a cabo la necesaria coordinación sociosanitaria, que esperamos se impulse desde el Ministerio de Sanidad”. En este sentido, Azaña recuerda que, hoy en día, el 60% de los españoles presenta un problema de salud crónico y estos generan un coste para el sistema sanitario español que podría rondar los 50.000 millones de euros. “El coste aproximado de una plaza hospitalaria es de 500 euros/cama/día. Atendidos en un centro sociosanitario de AESTE y enmarcados en la Ley de la Dependencia, tendría un coste para las finanzas públicas de 90-120 euros/cama/día. Es un tema de voluntad política”, concluye.

 Para que el Sistema de Dependencia sea viable y sostenible en el tiempo, la FED propone:

  1. La Administración Pública debe pagar la deuda adquirida.
  2. Rentabilizar las plazas vacías. “Llenar las 55.000-60.000 plazas residenciales vacías le va a costar a la Administración 700 millones de euros. Si no dispone de ese dinero, nosotros lo financiamos y le damos un plazo de tres o cuatro meses para que nos pague. Esta medida trae consigo un importante retorno para la Administración en el año y, por lo tanto, consolidable fiscalmente; además, reduciría el déficit en 92 millones de euros y crearía 38.500 puestos de trabajo nuevos”, explica Echevarría. El presidente de la FED expone que, al igual que el Gobierno ha lanzado un plan especial para incentivar la compra de coches con el fin de intentar mantener un sector que tiene 80.000 puestos de trabajo, “más razón para que apoye a la dependencia. Nosotros tenemos 200.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos, y un plan especial para nuestro sector crearía 38.500 puestos de trabajo y al Gobierno le costaría menos”.
  3. Residencias públicas versus privadas. El presidente de la FED critica que el coste en las residencias públicas sea tres o cuatro veces más que en una privada, cuando el servicio y la atención es similar. “El 25% de los usuarios en España están siendo atendidos en centros públicos, lo que le cuesta al Estado más que el 75% de los usuarios que estamos atendiendo los operadores privados”, señala.
  4. Coordinación sociosanitaria. “Cuando una persona va al hospital por un proceso agudo y, a los pocos días, se estabiliza, pero necesita una convalecencia, se convierte en un paciente crónico o paliativo. Los especialistas en cuidados somos nosotros y vamos a prestar la atención a un precio seis o siete veces menor de lo que cuesta una plaza pública”, asevera el presidente de la FED. Ahora bien, insiste en que esto no supone privatizar, “porque la titularidad y la financiación siguen siendo públicas, y la inspección también. Es una plaza pública a todos los efectos, gestionada por el sector privado”.

 Finalmente, el presidente de Lares defiende que el sistema público de atención a las personas dependientes es viable si se le dota de los recursos necesarios. Además de las posibles mejoras de eficiencia que se podrían introducir, es necesaria una financiación adecuada. “Se trata de que los ciudadanos, con los impuestos que pagamos, sostengamos los servicios públicos que hemos ido creando. ¿Por qué el Estado está aportando ingentes cantidades de dinero para sostener a los bancos y cajas de ahorro en situación de quiebra técnica? ¿Por qué se está incentivando con dinero público la compra de automóviles nuevos mediante el Plan Pive”, cuestiona Santaolalla.

En su opinión, el sector de atención a las personas dependientes “está herido de muerte”. Especialmente, los servicios residenciales y los centros de día. “Próximamente, veremos un ajuste de la oferta a la demanda real (pública y privada) de este tipo de servicios. Es decir, un masivo cierre de centros y el consiguiente despido de trabajadores”, subraya el presidente de Lares.

 Pero no todo es negativo y Santaolalla considera que, cuando llegue la recuperación económica, volverá a crecer la demanda de este tipo de servicios y el sector crecerá de nuevo. Hasta entonces, “la mayoría de las personas dependientes serán atendidas por sus familiares con o sin prestación económica, con o sin cuidados profesionales. Es decir, como hace 30 o 40 años”, añade.

 Fuente:www.balancedeladependencia.com

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