Dependientes: un término que engloba a más de un millón de personas en nuestro país y que define a todo aquel que necesita la atención de otros para realizar actividades básicas de la vida diaria. Ancianos, discapacitados, enfermos… son el sector más vulnerable de la sociedad y también uno de los más afectados por la fiebre del recorte.
Fue en diciembre de 2006 cuando bajo un aplaudidísimo consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas echaba a andar la conocida como Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). Entre sus mayores logros destacaban el apoyo y el reconocimiento, tanto económico como legal a los cuidadores (profesionales, o familiares) e instituciones dedicadas a la asistencia de estas personas.
“Hablar de un dependiente, no podemos hablar en singular, dado que su situación afectará a una amplia parte de su entorno.”
Existe todo un sistema que parte desde el mismo núcleo familiar, donde mayoritariamente son mujeres las que se encuentran al cargo de estas personas, hasta una extensa red de centros de día, residencias, asistentes, cuidadores, etc… que conformarían la parte profesional del mismo.
Hasta ahora, la LAPAD contemplaba que una persona en situación de dependencia tenía derecho a recibir una serie de prestaciones. Estas prestaciones podían ser el acceso a centros de día, residencias, centros ocupacionales, servicios domiciliarios, etc… o ayudas económicas, bien para el acceso a esos mismos servicios a través de empresas privadas, bien para los cuidados en el entorno familiar. En este último grupo se incluirían las ayudas económicas para los familiares que, sin ser profesionales, se dedican al cuidado de una persona dependiente. Hasta la reforma de la ley, estos familiares cuidadores ‘no profesionales’ podían percibir una ayuda económica que rondaba los 400 euros y se les financiaban las cuotas a la Seguridad Social.
Respecto a los diferentes centros y asociaciones, en su gran mayoría funcionan gracias a una parte que se financia con lo aportado por cada dependiente a través de la LAPAD, copagos para el mantenimiento y funcionamiento de los centros y subvenciones o conciertos con las administraciones locales y autonómicas.
Una derogación encubierta
El 13 de julio de 2012 será recordado como un viernes negro. Ese día, y por la vía rápida gran parte del estado de bienestar conseguido a lo largo de varios lustros se vino abajo con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En él, junto a las reformas en materia de empleo, de ajustes en el sector energético o en los permisos del funcionariado, encontramos el Título numero III dedicado íntegramente a ‘racionalizar’ el sistema de dependencia.
Para Jaime E. García Villar, coordinador estatal de las plataformas en defensa de la dependencia, “la LAPAD constituyó un gran avance en la protección social y los derechos de las personas mayores y con discapacidades diversas”, y con esta reforma “se vulneran y conculcan derechos y se atenta a la dignidad de muchas personas y sus familias, dejándolas desatendidas y en riesgo de exclusión social. Así como los derechos de las y los trabajadores del sector de los Servicios Sociales y la Dependencia”. Según García Villar
esta reforma supondrá una verdadera “derogación encubierta de la Ley”, con una disminución inmediata de 1000 millones de euros destinados a la dependencia
¿En qué se ha recortado?
José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha elaborado una moción en la que califica de “inútiles y sangrantes” la gran mayoría de estas reformas a la LAPAD.
En primer lugar la ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas, que hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. Según Mercedes Pastor, de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, “tres de cada cuatro beneficiarios son mayores de 65 años. En la Comunidad Valenciana ya han fallecido más de 30.000 personas dependientes a la espera de una prestación económica o un servicio acorde con su situación”.
Otra de las medidas que ha generado mayor rechazo es la reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. Según Ramírez, “el Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de ‘fraude’ en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados en España”. La reducción afecta a 435.180 personas que verán disminuidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.
Además el Estado deja de financiar a partir del 31 de agosto la Seguridad Social de los cuidadores familiares lo cual afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres.En materia de financiación del sistema, se reduce también el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.
Se paga mal y tarde
En opinión de Ramírez, “todas estas medidas, suponen la desatención a los más de 270.000 del ‘limbo de la dependencia’; personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio, y que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio, por lo que
Se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años”
Pero los recortes no están siendo el único azote de la dependencia en tiempos de crisis. Todo el entramado de centros y profesionales que dedican su esfuerzo a asistir a este colectivo ven amenazada su existencia por la falta de seriedad por parte del Gobierno Valenciano a la hora de cumplir con los pagos. “La gran mayoría están económicamente asfixiados y abocados al cierre, lo cual va a provocar que unos 2.000 profesionales se queden sin trabajo, y lo que es peor, unas 3.000 personas dependientes queden sin atención, lo que puede provocar el empeoramiento de sus enfermedades y un entorno familiar cargado de nerviosismo y de sufrimiento añadido, denuncia Mercedes Pastor.
