La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para evaluar los efectos de la reciente integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Ha subrayado que la integración de estos trabajadores y trabajadoras constituye un hecho histórico y ha sido y está siendo un éxito tanto para los empleados como para los empleadores, el Sistema de Seguridad Social y la sociedad en su conjunto.
López ha señalado que la discriminación que venían sufriendo los empleados del servicio doméstico, en comparación con los trabajadores de otros sectores debía solucionarse proporcionando a este colectivo una protección social, unas prestaciones y unos derechos laborales equivalentes y homogéneos al del resto de sectores productivos de nuestro país. En este sentido, ha destcado que era esencial que se pusiera fin a importantes diferencias de protección social, como las que se producían en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional y a la supresión del derecho a la prestación por incapacidad temporal derivada de accidente no laboral o enfermedad común, que en la práctica suponía tener derecho a esta prestación a partir de casi un mes desde el accidente o enfermedad común.
Según Carmen López, la nueva ordenación en materia de condiciones laborales y Seguridad Social, “otorga una mayor seguridad a las relaciones entre el empleador o titular del hogar familiar y el trabajador del servicio doméstico. «Creemos firmemente que ha sido un éxito para el conjunto de la sociedad, que no se podía permitir que en pleno siglo XXI existieran relaciones laborales cercanas a la servidumbre. Se acuerda más y mejor protección social para las empleadas y empleados del hogar”.
Sin embargo, la Secretaria de Política Social ha manifestado que hay aspectos de la regulación que “podrían reconducirse en el corto plazo, como que, desde el año 2012 al 2018, a los empleados del hogar no les sean aplicables las reglas para la integración de lagunas a la hora de calcular su pensión de jubilación o de incapacidad permanente; la discriminación de las trabajadoras del servicio doméstico a tiempo parcial a la hora de poder acceder a las pensiones del sistema o que no tengan derecho a la protección por desempleo, como el resto de trabajadores por cuenta ajena”.
Esto, parece ser, es lo que buscan las actuales políticas de salida a la crisis. Unas políticas que cuentan con un claro sesgo ideológico, tanto a nivel económico como social.
Y es que en la medida en que se recortan servicios básicos, como sanidad y educación, y prestaciones sociales diversas, como la Ley de Dependencia, hay todo un trabajo de cuidados, invisible pero necesario, que acaba volviendo a recaer, mayoritariamente, en las mujeres. El ataque frontal a un maltrecho Estado del Bienestar y la transferencia del coste de la crisis a los sectores populares, se sostiene sobre nuestras espaldas.
No en vano, el sistema capitalista se perpetúa, en buena medida, a partir del trabajo doméstico no asalariado, que realizamos sobre todo las mujeres en los hogares. Una cantidad de trabajo enorme, no remunerado, del que no se puede prescindir y del cual el capitalismo necesita para subsistir.
Al poco de llegar al gobierno, el PP anunció un recorte de 283 millones de euros en la ya muy anémica Ley de Dependencia, arrastrándola al borde de la desaparición. Una medida que, más allá de dejar a unas 250 mil personas sin ayuda y casi imposibilitar la incorporación de nuevos beneficiarios, aumentó la presión sobre las mujeres. Los cuidados que ya no son asumidos por la administración pública acaban recayendo en el ámbito privado, en el hogar y, en especial, en las madres e hijas de personas dependientes. El bienestar familiar se mantiene a costa de aumentar el trabajo doméstico.
Si observamos las cifras de las personas inactivas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2010, el 96,4% que declararon no buscar trabajo por razones familiares (cuidar niños o niñas, adultos enfermos, personas discapacitadas, etc.) eran mujeres. Y en la medida en que éstas tenían descendientes, su tasa de ocupación disminuía. Sin hijas ni hijos, el empleo femenino se situaba en un 77% y con ellos en un 52%. Mientras, la tasa de ocupación masculina no se veía alterada por este hecho y en todo caso aumentaba si se tenían descendientes. Conclusión: la conciliación de la vida personal y laboral se lleva a cabo a costa de la exclusión laboral, la precariedad y/o a los ritmos de vida frenéticos e insostenibles de muchas mujeres.
Otras medidas tomadas por el gobierno como la congelación de las pensiones y la ampliación del período de cálculo de la cotización tienen también consecuencias muy negativas para nosotras. Una mayor presencia en la economía informal y, a menudo, una vida laboral intermitente, debido al cuidado de terceros, dificultan el poder sumar una cotización mínima.
Las mujeres encabezamos el ranking de los empleos mal pagados y socialmente desvalorizados. Del total de contratos a tiempo parcial, un 77,6% están en nuestras manos. Y la precariedad del empleo que fomenta, aún más, la última reforma laboral, no hace sino dificultar nuestra autonomía y conciliación personal y familiar. Asimismo, es importante señalar que ambos sexos no partimos en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo. Las mujeres cobramos un 22% menos de media por año que nuestros compañeros, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada en 2009 por el INE, y esta discriminación salarial crece cuando mayor es nuestro nivel de estudios.
Más allá de estos recortes en derechos sociales y laborales, enfrentamos una creciente ofensiva reaccionaria contra derechos sexuales y reproductivos. El proyecto de reforma de la Ley del Aborto del PP, que pretende restringir aún más las condiciones, plazos y supuestos para abortar, y que nos hace retroceder años atrás en dichos derechos, es sólo la punta de lanza.
En la incorporación de la mujer al mercado laboral, muchos son los hombres que han ocupado la tarea del hogar como amos de casa. A pesar de la lucha de las mujeres durante décadas por conseguir la igualdad, el hombre y la mujer siguen desempeñando dentro de la familia roles bien diferentes y delimitados. Los cambios se van produciendo tímidamente y, en muchos casos, esos cambios se traducen en la aparición de las denominadas supermujeres, mujeres que salen a trabajar igual que sus maridos, pero que cuando vuelven a casa recae sobre ellas el papel de ama de casa y de madre a tiempo completo. ¿Cuál es la función del hombre en este universo familiar?
El papel del hombre
Sabemos lo difícil que es cambiar los patrones de una sociedad patriarcal que se ha impuesto durante milenios. Tradicionalmente el hombre es el cabeza de familia, el que consigue los recursos para el hogar donde la mujer los administra de la mejor forma posible buscando el bienestar común de toda la familia. Esta imagen familiar que parece un tanto anticuada resulta que no lo es tanto. El único cambio que se ha producido es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Pero son las mujeres las que siguen teniendo la responsabilidad de llevar a sus hijos al médico, en detrimento de su trabajo, y no los hombres. Son las mujeres las que siguen pidiendo una reducción de jornada laboral para hacerse cargo de sus hijos en sus primeros años de vida, y no los hombres. Son las mujeres las que siguen ocupándose de las tareas del hogar por mucho que algunos hombres se jacten de que «ayudan» en casa.
La lista de ejemplos donde vemos al hombre como sustentador principal de los recursos materiales familiares es interminable, pero últimamente estamos viendo un cambio importante que está dejando al hombre desorientado.
El nuevo hombre
Lamentablemente este cambio del que hablamos no se ha conseguido gracias al esfuerzo y la lucha de las mujeres por la igualdad entre géneros. La crisis, una vez más, es la que ha irrumpido hasta el fondo de la estructura familiar y está removiendo los estándares sociales. El aumento de los parados de larga duración entre los hombres con cargas familiares está favoreciendo la aparición de un nuevo tipo de hombre. El hombre que tiene que quedarse en casa ocupándose de las tareas del hogar e implicándose al máximo en el cuidado de sus hijos mientras su mujer es la única proveedora de recursos económicos.
Este cambio radical en los roles de la pareja está afectando de forma negativa al hombre, que ve mermada su autoestima en el momento en que deja de ser el sustento económico de la familia. Algo que dice mucho del escaso valor que la sociedad ha atribuido a la tradicional ama de casa. Las mujeres, en cambio, nos tomamos este cambio de roles menos a la tremenda siendo, como somos, conscientes de la importancia familiar que tiene quien se ocupa de organizar y administrar la casa y cuidar de los niños.
Sin embargo, no es un papel fácil de asumir para los hombres que ven desaparecer su rol tradicional provocando con ello un impacto psicológico difícil de superar. No nos queda más que esperar para descubrir qué nos depara el final de esta crisis en cuanto a transformaciones sociales, y si conseguimos aprovechar lo que de oportunidad tiene cualquier crisis, tal vez consigamos de una vez por todas la equiparación de responsabilidades familiares entre el hombre y la mujer.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidirá hoy el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con un único objetivo en mente: asegurar la viabilidad de la ley de dependencia, una norma que, a su juicio, está en una «situación límite». Para ello se reunirá con los consejeros autonómicos del ramo a los que presentará una batería de medidas que revolucionará la ley de arriba abajo. Entre ellas, se priorizará la atención a los grandes dependientes y se endurecerán los requisitos para que los cuidadores familiaresreciban ayudas por una atención que, según aseguró ayer la profesora María Ángeles Durán, suele recaer más sobre las mujeres que sobre los hombres.
[bctt tweet=»El alto precio de las residencias y el paro obligan a los familiares a sacar a los dependientes de estos centros.»]
Las familias españolas quieren asumir el cuidado de sus mayores dependientes, pero reclaman el apoyo de las administraciones, según ha señalado la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Ángeles Durán, quien ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre ‘El trabajo no remunerado en la economía española’.
Así, Durán ha indicado que en el país la esperanza de vida está en torno a los 80 años y la mayoría de los ancianos están ligados en sus últimos años de vida a las enfermedades y la dependencia. Con este escenario, las encuestas señalan que la demanda de cuidados en España crecería en un 50 por ciento para 2050.
Además, el estudio destaca que el 55 por ciento de los entrevistados afirma que le gustaría acoger a sus padres dependientes en su casa, mientras que casi el 30 por ciento prefiere la opción de cuidarles sin que los padres dejen su hogar. «Esta última opción es habitual en las familias con un poder socioeconómico más alto», ha precisado la investigadora.
Pero, según ha apuntado Durán, asumir el cuidado de los familiares dependientes incluye distintos modelos posibles que la investigación ha planteado y que se pueden concentrar en dos opciones: que la familia asuma el cuidado en exclusiva o que se cuente en mayor o menor grado con cuidadores externos y remunerados.
En este caso, la edad de los encuestados marca «claramente» la diferencia en cuanto a la opción elegida, ha apuntado Durán. Así, frente al 43,7 por ciento de entrevistados mayores de 65 años que optan asumir el cuidado de los dependientes, sólo el 18 por ciento de los menores de 30 años selecciona esta opción. Las alternativas que implican la externacionalización parcial o total del cuidado ganan terreno y son mayoritarias salvo, precisamente, en el sector de los mayores de 65 años (34,1 por ciento).
La investigadora ha ligado estos resultados a la opinión recogida en el estudio y que destaca que el 80 por ciento de los españoles asume que el cuidado de un dependiente repercutirá en la economía familiar y muy pocos (un 1,7 por ciento) confían en que este impacto vaya a ser compensado por las administraciones, por otros miembros de la familia (2,8%) o por el propio dependiente (4%).
Más de 1.000€ al mes
Los encuestados estiman que el coste mensual de la atención al dependiente está por encima de los 1.000 euros, una cantidad que supera los 1.500 con la opción del ingreso en una residencia no subvencionada. El rango de precios medios de las residencias que hacen públicas sus tarifas en Internet va de los 1.450 euros, las de titularidad pública, hasta los 2.250 de las privadas, sin considerar servicios que se consideran extras, como, por ejemplo, el cambio de postura de un enfermo.
En la situación en que un familiar decide abandonar su empleo para dedicarse al cuidado de un dependiente, los autores del estudio calculan que la pérdida media para el hogar es de unos 20.000 euros anuales.
Para Durán, una vía para hacer frente al impacto económico de esta situación es el seguro de la dependencia, «poco implantado en España», aunque, según ha indicado «el 11,2 por ciento de los entrevistados afirmaba tener un caso de adulto dependiente grave en su familia y el 14,4 por ciento un caso de dependencia moderada». «Entre los mayores de 65 años sólo el 0,9 por ciento disponía de esta cobertura», ha apuntado.
Empleadas de Hogar
Otra de las vías que ha tomado la sociedad para solucionar la situación es «el traspaso del trabajo no remunerado que antes asumía la familia en el hogar, al mercado laboral» con la contratación de cuidadores. Durán ha indicado que esta actividad se «solapa» con la de los empleados del hogar «ya que en muchos casos es el mismo empleado el que asume el cuidado de la casa y del dependiente».
Las cifras sobre el trabajo doméstico remunerado son desconcertantes porque, según Durán, «ni están todos los que son, ni son todos los que están«. En este sentido, ha explicado que entra las estimaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros de altas en la Seguridad Social, el sector adelgaza casi la mitad, «algo que viene sucediendo desde hace años», ha indicado.
Durán ha señalado que en el plazo de cinco años está previsto que los trabajadores de este sector se equiparen plenamente en derechos y obligaciones al resto de los trabajadores. «Para el Gobierno la equiparación obliga a decidir cómo financiará la cobertura de los nuevos derechos conseguidos por los trabajadores: tiene que optar entre que lo financien los propios trabajadores (autónomos); que lo hagan los empleadores; o que lo haga el resto de ciudadanos a través de impuestos generales», ha señalado la investigadora.
Pero, según ha señalado, «sólo los hogares españoles que ingresan mensualmente más de 5.000 euros (un 3,8%) son los que podrían destinar una cuarta parte de sus ingresos, si así lo priorizan, a pagar el sueldo y los gastos derivados de un empleado de hogar.
En este sentido Durán ha pedido que «se incluya a los hogares en el mercado macroeconómico», ya que, a su juicio, es «una de las patas fundamentales de la economía del país». «Si no estamos peor, en cuanto a situación económica se refiere» es «porque los hogares han funcionado muy bien, haciendo sin dinero lo que la gente necesita», ha concluido.
Cerca de 45.000 empleadas afiliadas al antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar –el 15% del total– serán dadas de baja de la Seguridad Social y pasarán a la economía sumergida si no tramitan su incorporación al régimen general antes del 1 de julio, fecha en la que termina el plazo de seis meses establecido para completar esta integración, según cifras aportadas por CC.OO. a partir de las cifras de afiliación a 31 de mayo de este año.
Se trata de aquellas trabajadoras que están afiliadas en la modalidad de discontinuas –las que asumen a su cargo exclusivo la totalidad de la cotización porque trabajan para varios empleadores–, puesto que las empleadas que cotizan el modalidad de continuas –su único empleador es el que cotiza por ellas– se integrarán de forma automática cuando acabe el mes si su empleador no lo ha hecho antes.
Desde CC.OO. se anima a estas casi 45.000 trabajadoras a que aprovechen el mes que queda para integrarse en el régimen general, ya que así podrán tener acceso a la protección de la baja por enfermedad común y accidente de trabajo, a la garantía de revalorización automática del salario de cada año y a una mayor seguridad jurídica sobre las condiciones e trabajo.
Además, el sindicato recalca que para los empleadores la integración aporta tranquilidad frente a posibles responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo u otras circunstancias, garantía jurídica de las condiciones de trabajo y la posibilidad de acceder a importantes reducciones de cotizaciones, que oscilan entre el 20% y el 45%.
El sindicato insiste en la necesidad de realizar campañas de difusión a través de la radio y la televisión, que refuercen los servicios de información en las oficinas de la Seguridad Social en junio, último mes en el que puede tramitarse la integración.
Con datos promedio del mes de mayo, las comunidades autónomas que concentran una mayor proporción de estas trabajadoras en riesgo de quedar excluidas de la protección social a partir del 1 de julio son Galicia (28,4%), Comunidad Valenciana (26,7%), Murcia (24,7%), Cataluña (22,3%) y Asturias (21,7%).
Más del 50% de las afiliadas ya ha dado el paso.
Con todo, CC.OO. considera que los datos de trasvase de afiliación entre el Régimen Especial, a extinguir, y el Régimen General tienen «una evolución positiva».
Así, los datos de CC.OO. reflejan que de las 297.000 trabajadoras que estaban afiliadas a finales de 2011 al Régimen Especial, cerca del 50% ya han tramitado el alta en el Régimen General. Del resto, exceptuando las que pasarán automática, sólo quedarían esas cerca de 45.000 trabajadoras, que suponen el 15% del total.
Dicho de otro modo, tienen ya totalmente asegurada su integración un 82,1% de todas las empleadas afiliadas en diciembre de 2011, si se utilizan los datos oficiales de afiliación promedio en el mes de mayo, o prácticamente un 85%, con datos del último día de mes.
Asimismo, el sindicato recuerda que, además de las trabajadoras que han llevado a cabo este trasvase, se ha producido el alta de nuevas empleadas en estos meses, con lo que sumando el Régimen Especial y el Régimen General, actualmente hay unas 321.000 trabajadoras del hogar afiliadas.
«Aunque en los primeros meses del año, el proceso de integración de las empleadas del hogar se hizo de forma un tanto dubitativa y lenta, finalmente ha alcanzado un ritmo creciente», añaden.
Las comunidades autónomas en las que se está registrando una mayor proporción de trabajadoras ya integradas o con compromiso automático de hacerlo son Navarra (93,9% del total), Extremadura (92,7%), Cantabria (91,7%), País Vasco (89,4%), Canarias (88,6%) y Castilla-La Mancha (87%).
Aún hay 400.000 empleadas fuera del sistema.
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravos, ha recordado que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), hay otras 400.000 empleadas del hogar que se encuentran sumergidas.
En este sentido, ha señalado que, en una segunda fase, «habrá que ir hablando» de llevar a cabo modificaciones normativas para lograr mayores cifras de afiliación».
Tal y como recordó, PP y CiU han introducido una enmienda en la reforma laboral por la que se deberá redactar durante la segunda mitad de este ejercicio un informe sobre los procesos de regulación de las empleadas del hogar proponiendo fórmulas de simplificación de los trámites y de posibles mejoras en las cotizaciones.
Así pues, Bravo considera que los eventuales cambios normativos «se van a demorar unos meses». Hasta entonces, Bravo espera que en el mes de junio haya «un empujón fuerte» en el número de afiliaciones en el régimen general que culmine el «proceso ascendente» registrado hasta la fecha.
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